ENTREVISTA REALIZADA Y EDITADA POR JESSE ROMAN
Unas horas antes del amanecer del 8 de septiembre de 2014, Shamaya Coleman se enfrentó a una situación inimaginable. El humo negro y denso de un incendio en el departamento desocupado de abajo había bloqueado ambas salidas en el departamento del tercer piso que Coleman compartía con su novio y sus cuatro hijos en el barrio South Side de Chicago. La familia, desesperada, se acurrucó en una habitación trasera, jadeando en busca de aire mientras las condiciones a su alrededor empeoraban rápidamente. La única salida era por la ventana, a tres pisos de la calle.
PODCAST RELACIONADO (en inglés) Las periodistas Madison Hopkins y Cecilia Reyes participaron en The NFPA Podcast para hablar sobre su investigación premiada.
“Nos dijo que, mientras se subía al alféizar de la ventana pidiendo ayuda a gritos, simplemente perdió la cabeza y saltó”, dijo Cecilia Reyes, exreportera del Chicago Tribune, quien ha entrevistado a Coleman varias veces desde el incendio. Coleman se rompió las cuatro extremidades en la caída. Cuando llegaron los bomberos poco después, les gritó que sus hijos estaban adentro, pero ya era demasiado tarde. Los cuatro niños, de entre 7 y 15 años, fueron encontrados muertos más tarde. El novio de Coleman, que también saltó, sobrevivió.
Años más tarde, los reportajes de Reyes y su compañera periodista Madison Hopkins revelaron que el incendio que mató a los hijos de Coleman es parte de un patrón preocupante en Chicago, en el que los funcionarios de la ciudad están al tanto de importantes violaciones del código de construcción, pero no obligan a los propietarios a actuar a tiempo para prevenir incendios mortales.
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“Fuego y Fracaso”: lea la investigación ganadora del Premio Pulitzer en colaboración entre el Chicago Tribune y la Better Government Association que expuso fallas sistémicas en las prácticas de aplicación del código de construcción de Chicago
En el edificio de departamentos de 18 unidades en el que vivía Coleman, por ejemplo, Reyes y Hopkins descubrieron que los inspectores de edificios de la ciudad habían realizado docenas de visitas en respuesta a las quejas y habían cometido más de 150 violaciones del código en los cinco años anteriores al incendio. Se emitieron nuevas infracciones por puertas rotas y falta de detectores de humo apenas unos meses antes del incendio. Sin embargo, los documentos y las entrevistas revelan que estas condiciones inseguras nunca se arreglaron y que no sonó ninguna alarma de humo la mañana del incendio. En cambio, al propietario se le otorgaron múltiples prórrogas para solucionar los problemas, sin ningún seguimiento.
A través de un examen minucioso de los documentos públicos, Reyes y Hopkins identificaron 42 incendios mortales en edificios de Chicago entre 2014 y 2019 en los que los funcionarios de la ciudad tenían un historial bien documentado de violaciones del código, pero no actuaron con rapidez, o en absoluto, para obligar a los propietarios a solucionar problemas de seguridad. Un total de 61 personas (23 de ellas menores de 17 años) murieron en dichos incendios.
La investigación, una colaboración entre el Chicago Tribune y la organización sin fines de lucro Better Government Association con sede en Chicago, se publicó en abril de 2021 como una serie de varias partes titulada “Fuego y Fracaso”. Reyes y Hopkins recibieron recientemente el Premio Pulitzer 2022 en Periodismo en la categoría de noticias locales por su trabajo en la investigación.
El NFPA Journal habló recientemente con Reyes y Hopkins para conversar sobre los detalles de su premiada investigación, lo que revela sobre las prácticas de aplicación del código de construcción en las ciudades y las lecciones que pueden derivarse para mejorar la seguridad de los residentes. Hopkins, antigua miembro de la Better Government Association, ahora es reportera del Kansas City Beacon. Reyes, quien desde entonces dejó el Tribune, ahora trabaja como reportera de investigación para Insider, Inc.
¿Qué las llevó a investigar las muertes por incendios en Chicago?
MADISON HOPKINS: La idea surgió en agosto de 2018. Hubo un terrible incendio en una casa en el que murieron 10 niños, 9 de la misma familia, en el barrio de Little Village de Chicago. Cuando sucedió fue una gran noticia nacional y, como consecuencia, salieron a la luz en los medios de comunicación muchas violaciones del código en el edificio en los años previos al incendio. Pero al cabo de unas semanas, las noticias de este tipo se desvanecieron y nunca supimos los resultados de esas investigaciones prometidas. Empecé a notar más incendios en las noticias que eran similares. Siempre era la misma historia: alguien murió, fue horrible, parecía prevenible y sabíamos que había señales de alerta temprana. Pero, muchas veces, la cobertura de los medios terminaba antes de que entendiéramos lo que realmente sucedió. Así que les dije a mis editores que quería investigar sobre esto.
Según los datos que recopilaron, entre 2014 y 2019, ocurrieron 42 incendios en edificios de Chicago donde los funcionarios de la ciudad, como escribieron, “sabían sobre los problemas de seguridad contra incendios y, sin embargo, no lograron tomar medidas enérgicas respecto a los propietarios a tiempo”. ¿Qué parámetros utilizaron para determinar que la ciudad conocía los problemas de seguridad contra incendios en los edificios antes de que ocurriese un incendio?
MH: A nivel muy general, para ser incluidos en estos 42 incendios, teníamos que saber por los documentos públicos que el ayuntamiento era consciente de un problema de seguridad contra incendios antes del incendio mortal, ya sea a través de una queja de un residente o una violación encontrada por un inspector, o ambos. Luego, necesitábamos tener evidencia documentada de que el problema no se solucionó o que no había evidencia para demostrar que se solucionó.
Además, teníamos que saber que el problema existía en el momento del incendio y fue un factor que provocó el incendio o que dificultó el escape de las víctimas. Por ejemplo, digamos que un residente llama para informar de que no hay calefacción en su unidad. Incluso si el ayuntamiento fue y comprobó que no había calefacción y luego nunca lo arregló realmente, si ese incendio no tuvo nada que ver con que no hubiera calefacción, no se consideraría uno de esos 42 incendios. Tenía que existir ese nivel de correlación.
Cuando un ciudadano de Chicago informa a la ciudad de un problema de construcción, como la falta de calefacción o que las alarmas de humo no funcionan, ¿qué procesos se supone que deben seguir los funcionarios de la ciudad para abordar el problema?
MH: Cuando un residente llama al 311 para informar de un problema, se supone que alguien del ayuntamiento va a comprobarlo y luego clasifica las quejas según su gravedad. Si encuentran una violación, el inspector usa su juicio para decidir cómo encaminarlo a través de tres opciones de aplicación diferentes. En casos menores, se les permite simplemente emitir una carta de advertencia para pedirle al propietario que lo arregle. No hay ningún seguimiento. En casos intermedios, se realiza una audiencia administrativa municipal, similar a un tribunal de tráfico. En ese caso, la mayoría de las penalizaciones son multas, pero técnicamente no se debe cerrar el caso hasta que el inspector haya regresado para comprobar que se hayan solucionado las violaciones reales. En casos más extremos, que suponen peligros de seguridad eminentes, los inspectores pueden recomendar que el ayuntamiento demande al propietario en el tribunal de circuito. Y eso tampoco debería terminar hasta que un inspector vaya a comprobar que se haya solucionado el problema. Por supuesto que encontramos muchos problemas diferentes a lo largo de ese proceso, pero en un mundo ideal, así es como funcionaría.
Según su investigación, ¿en qué punto del proceso las cosas tendían a fallar?
CECILIA REYES: Descubrimos que había fallas básicamente en todos los puntos del proceso que acaba de exponer Madison. Eso incluye que el ayuntamiento tarde seis meses o más en investigar un problema después de que alguien lo informe, e incluso ejemplos de quejas sin respuesta alguna.
Básicamente, los inspectores tienen cierta libertad para decidir qué hacer con cada violación. Descubrimos que había ocasiones en las que faltaba un detector de humo, lo cual pone en peligro la vida y debe manejarse con el máximo cuidado, pero terminaba en un aviso de advertencia y sin seguimiento. También encontramos casos de audiencias municipales o incluso demandas que se desestimaban o terminaban esencialmente sin que esas reparaciones se hicieran o fueran comprobadas por los inspectores. A veces, si la ciudad podía imponer una multa y obtenía su cumplimiento por algunas de las violaciones encontradas, lo calificaban como bueno.
También hubo problemas administrativos. Por ejemplo, en el proceso de enrutamiento de violaciones, notamos que algunas se procesaban en una audiencia municipal cuando se suponía que debía presentarse una demanda. Pero durante el proceso de alguna manera fueron descartadas y en realidad no llegaron al tribunal correcto. Descubrimos que estas cuestiones administrativas pueden ser un problema porque los departamentos del ayuntamiento a menudo no se comunican entre sí y tienen diferentes formas de administrar sus datos e información.
Las periodistas Madison Hopkins (izquierda) y Cecilia Reyes. (Cortesía de Cecilia Reyes)
¿Pueden darnos un ejemplo de un caso especialmente atroz en el que las infracciones conocidas hayan sido ignoradas por el ayuntamiento o no hayan sido resueltas?
CR: Recuerdo uno que involucra a dos niñas que murieron en un incendio. La familia estaba tratando de mantenerse caliente hirviendo agua en una olla, pero la olla se derritió e incendió los objetos cercanos. El ayuntamiento había recibido quejas por falta de calefacción en el edificio al menos cinco veces. También recibieron quejas de los residentes que decían que no contaban con una salida adecuada. Todas esas condiciones estaban presentes en el momento del incendio. Las denuncias se hicieron a lo largo de cuatro años. Una se hizo apenas un mes antes del incendio. Solo una de esas quejas condujo realmente a una acción de aplicación de ley.
En su informe, dijeron que los funcionarios de construcción les dijeron que no hay problemas sistémicos con el proceso de aplicación del código y que la ciudad no tiene responsabilidad por las 61 muertes. ¿Qué argumentos presentaron los funcionarios de la ciudad para respaldar esa afirmación?
MH: La respuesta de la ciudad nos pareció bastante impactante, para ser honesta. Y también, para ser clara, buena parte del ayuntamiento que se ocupa de este proceso se negó a hablar con nosotras para esta investigación.
Hablamos con el departamento de construcción sobre esto y ellos son los que dicen que no hay problemas sistemáticos aquí. Su principal respuesta fue decir que su sistema de registro no está actualizado, entonces lo que vemos en los registros como reporteras no muestra cada paso del proceso. Por ejemplo, después de que un inspector de edificios encuentra un problema y lo remite a una ruta de aplicación, es el Departamento de Justicia de la ciudad, que son los abogados de la ciudad, los que se encargan de ello a partir de ahí. Y dicen que sus registros no necesariamente mostrarían eso. Por supuesto, nuestra respuesta sería que si no podemos ver que está solucionado, ¿cómo saben los inspectores de edificios que está solucionado? Entonces, de una forma u otra, nadie lo está comprobando.
¿Qué fue lo que les sorprendió de la respuesta de la ciudad?
MH: En varios casos, los funcionarios de construcción culpan a las propias víctimas. Por ejemplo, en incendios en edificios desocupados donde se habían alojado personas sin hogar, los funcionarios dijeron que era culpa de las personas por entrar allí y, en algunos casos, consumir drogas. Y, en algunos casos, particularmente en los que los niños murieron y sus padres no, culpaban a los padres por no ir a buscar a los niños.
Me imagino que muchas personas en la industria de la seguridad contra incendios entienden cuán duras e injustas son ese tipo de declaraciones y cuán poco realistas son en muchos sentidos. Algo que nos sorprendió tanto a Cecilia como a mí durante esta investigación fue aprender cuán rápido un incendio puede salirse de control e impedir por completo que alguien pueda hacer algo para salvar a las personas que están adentro. Así que eso fue duro de escuchar. Pero parte de sus respuestas a nuestros hallazgos de estas fallas sistemáticas en la aplicación del código de construcción fue pasar la responsabilidad a otras áreas.
¿Trabajaron con el ayuntamiento para comprobar que la información con la que contaban era correcta?
MH: Revisamos y conversamos con el ayuntamiento cada uno de los incendios que incluimos en el informe. Eso fue para darles suficiente tiempo para asegurarse de que entendíamos completamente cuál era la situación, que no nos estábamos perdiendo nada, que no era realmente solo un problema aislado. Y cuando encontramos estos 42 incendios, es difícil argumentar que 42 incendios de los 140 en nuestro análisis son solo un montón de casos aislados. De todos modos, revisamos cada uno de ellos con ellos.
En el informe, ustedes escriben que “los funcionarios de la ciudad regularmente ponen los intereses de los propietarios por encima de la seguridad de los residentes”. ¿Cómo prioriza el ayuntamiento a los propietarios?
CR: Realmente se reduce a que la palabra de un propietario acerca de que algo se está solucionando se toma mucho más en serio y se le da mucho más peso que a un inquilino que informa de una situación peligrosa. Vimos esto una y otra vez. Examinamos, por ejemplo, docenas de esas audiencias municipales que hemos mencionado en las que los abogados municipales simplemente desestimaron los procedimientos a pesar de que sabían, porque sus propios inspectores municipales les decían, que había problemas pendientes en las propiedades, incluso problemas de seguridad vital. Hubo casos en esa revisión en los que los propietarios enviaron una fotografía borrosa de un detector de humo como prueba de que lo habían instalado sin que un inspector municipal pusiera un pie en esa propiedad.
Hablando en términos generales sobre las quejas, analizamos cientos y cientos de quejas al 311 y descubrimos que el ayuntamiento no pudo realizar una inspección para casi la mitad de ellas. Eso, para mí, apunta a un problema sistemático, algo que no es solamente un edificio, una casa o un error.
MH: Hay otras cosas que creo que son interesantes en términos de cómo la ciudad muestra su preferencia por confiar en los propietarios por sobre los inquilinos. Una de las cosas que nos dijeron los funcionarios municipales es que no necesariamente pueden tomar en serio todas las quejas al 311 porque alguien puede estar llamando solo para tomar represalias contra el propietario.
Para que conste, no encontramos evidencia alguna de que algo así sucediera. Por el contrario, cada vez que hablamos con expertos e inquilinos de estos edificios, encontramos una abrumadora renuencia de la gente a llamar al ayuntamiento por temor a que los propietarios tomaran represalias contra ellos. Citaron muchas razones diferentes: las personas pueden estar indocumentadas, pueden estar preocupadas por un aumento de la renta o desalojos.
¿Cuánto tienen que ver estos problemas con la falta de recursos en la ciudad? ¿Resolvería el problema tener más inspectores?
MH: Sabes, eso es algo que, naturalmente, asumimos que debía ser un problema. Pero cuando le preguntábamos al ayuntamiento si era la falta de recursos o si necesitaban más inspectores o más financiamiento, siempre respondían que no. Decían que solamente necesitaban priorizar mejor los recursos que tenían. Y cuando observamos otras ciudades, en realidad no vimos diferencias significativas entre la cantidad de recursos que se utilizan en la aplicación del código en Chicago en comparación con otras ciudades.
¿Cuál es la principal causa de estos problemas de aplicación del código de construcción, en su opinión?
MH: El problema que parecía impregnar todos los niveles de este proceso era la falta de normas y procedimientos claros sobre cómo manejar diferentes situaciones y violaciones. Descubrimos que los detectores de humo que faltaban podrían manejarse, en algunos casos, con una carta de advertencia al propietario. Otras veces fueron llevados al tribunal y realmente no había ninguna razón de por qué eso sucedía. Hubo mucho ejemplos diferentes de cómo ese tipo de subjetividad funcionó mal. La idea detrás de esto es que los inspectores deben ser los expertos, por lo que se les da libertad para tomar una decisión apropiada. La desventaja es que no hay responsabilidad cuando alguien no toma la decisión correcta.
Ustedes escribieron en su investigación que la ciudad ha tratado de hacer varias reformas a lo largo de los años, pero que “la aplicación estricta dio paso repetidamente a promesas incumplidas, regulaciones diluidas y reformas abandonadas”. ¿Pueden darnos un ejemplo de una de esas fallas?
MH: Hay ejemplos en los que la ciudad realmente aprueba medidas que, a primera vista, parecen algo que ayudaría a hacer cumplir las leyes o ayudaría a hacer que los edificios sean más seguros, pero luego simplemente no las aplican.
Una de esas reformas surgió del incendio de los hijos de Shamaya Coleman, que fue defendida por el padre del niño más pequeño que murió. Impulsaba una reforma que haría mejorar el cumplimiento del código de aplicación respecto a los propietarios que tienen un largo historial de violaciones graves del código de construcción. Descubrimos que a medida que la propuesta avanzaba en el gobierno de la ciudad, se debilitó un poco, pero incluso después de que se aprobara, solo se aplicó realmente durante aproximadamente un año. Y luego simplemente la abandonaron de forma discreta. Todavía está en los libros en Chicago hoy en día, solo que no se aplica.
¿Qué cambios, si es que hubo alguno, se han producido en la aplicación del código de construcción de Chicago desde que se publicaron sus investigaciones hace poco más de un año?
CR: Hay un par de cambios, pero en realidad no abordan los problemas sistemáticos de los que hablamos. No hay nada en relación a la forma de tramitar las quejas o que defina mejor los criterios de una respuesta adecuada a una violación peligrosa. Ni siquiera hay propuestas que actualmente aborden los problemas con la tecnología de la ciudad o los registros desactualizados. Lo que sucedió es que la ciudad de Chicago se alineó con el resto de Illinois en términos de requerir una incorporación paulatina de detectores de humo a prueba de manipulaciones y de larga duración. Antes de publicar nuestra investigación, la ciudad anunció que aprobaría una ordenanza que requería que esto se implementara gradualmente durante los próximos 10 años más o menos.
Y luego se revivió la lista que mencionó Madison con respecto a los propietarios problemáticos con la promesa de que habrá un nuevo escrutinio de los propietarios. Pero cuando examinamos los criterios de esa lista, descubrimos que faltan muchos edificios que tienen problemas. El propio ayuntamiento tiene demandas contra propiedades que no calificarían para su inclusión en esta nueva versión de la lista de violadores del código.
¿Tiene una idea de si estos problemas de aplicación son exclusivos de Chicago o son indicadores de un problema mayor en las ciudades de EE. UU.?
CR: No revisamos el proceso de aplicación del código en otras ciudades importantes en la misma medida, así que dudo en responder algo específico. Pero creo que es justo decir que este desequilibrio entre los inquilinos y sus propietarios existe en todas partes.
Desde que publicamos la investigación, notamos que hubo grandes incendios en otros lugares, incluido uno en el Bronx que involucró un calefactor de ambiente (en el cual murieron 17 personas) en un edificio con problemas conocidos y un propietario que era bien conocido por los inquilinos y por el ayuntamiento mismo por no mantener sus propiedades. También hubo un incendio similar en el que murieron cuatro niños en el área de St. Louis. En muchos de estos incendios, los medios parecen centrarse más en las acciones de los inquilinos que en si la ciudad se aseguró de que el edificio fuera seguro. Creo que muchas personas tienden a ver estos incendios fatales como tragedias contenidas en lugar de ver si había algo sobre el edificio o sobre el propietario que el ayuntamiento ya sabía o podría haber manejado mejor. Ese es un punto ciego que existe en todo el país.
En entrevistas, ambas describieron ganar el Premio Pulitzer como algo agridulce. ¿Qué quieren decir con eso?
MH: Cuando nos enteramos, se sintió muy irreal. Todavía se siente muy irreal. Pero esto también tiene un lado triste. Cecilia y yo estamos muy orgullosas de este trabajo, pero cualquier periodista que dedique esta cantidad de tiempo y le pida a sus fuentes que hagan lo mismo para un proyecto como este, lo está haciendo porque quiere ver algún tipo de cambio. Y simplemente no hemos visto eso todavía. Todavía es un problema dominante. Entonces, si bien es muy emocionante y estamos orgullosas de ello, definitivamente hay algo de decepción.
CR: El fin de semana en que nos enteramos de que habíamos ganado el premio era el fin de semana del Día de la Madre y justo acababa de llamar a Shamaya para saber cómo estaba y desearle un feliz día. Entonces, cuando ganamos el premio, también estaba pensando en ella, en las personas que hablaron con nosotras, las madres que hablaron con nosotras, los miembros de las familias y en la gran cantidad de dolor y pérdida que podría haber sido diferente si el ayuntamiento hubiese hecho su trabajo. Así que había algo agridulce en ello. Pero a pesar de que queda más trabajo por hacer, ganar el premio sigue siendo un honor increíble.
JESSE ROMAN es el editor sénior del NFPA Journal.
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